EL DERECHO AL AGUA Y LOS PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

William Postigo De la Motta,
Adjunto al Defensor del Pueblo para los Servicios Públicos y Medio Ambiente

El acceso a los servicios de agua y alcantarillado es un derecho humano que ha sido reconocido por diversos acuerdos internacionales, de los cuales el Perú es signatario. Entre ellos, uno de los más importantes es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de 1995. En este marco, las Observaciones número 6 y número 15 del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas han reconocido explícitamente al agua como un derecho humano. Sin embargo, el ejercicio universal de este derecho en el Perú aún está lejos de alcanzarse, y muy por el contrario, si bien en algunos casos ha habido mejoras, en otros la situación tiende a empeorar.

Algunos tanques de agua

Uno de los indicadores del malestar que causa en la población los problemas de acceso y calidad de los servicios de agua y desagüe se refleja en el mayor número de quejas recibidas por estos servicios anualmente en la Defensoría del Pueblo, en comparación a los servicios de telefonía, electricidad y transporte. Por un lado el Perú tiene una cobertura reducida de estos servicios, de tal forma que más de 6 millones de personas carecen de servicios de agua y más de 11 millones de los de desagüe. Incluso a nivel urbano la cobertura es poco desarrollada y Lima, con aproximadamente un millón de personas sin agua, tiene una cobertura inferior al 100% del que ostenta La Paz. Por otro lado, la calidad del servicio es, en general, muy baja. Con frecuencia el tratamiento del agua potable es incompleto y por tanto resulta insegura para el consumo de las personas, además de ser un servicio que no se recibe las 24 horas, y en muchos lugares es de apenas de 2 ó 3 horas al día. Más aún, si observamos la evolución de los servicios en el tiempo, podremos ver que la cobertura se encuentra estancada por muchos años, y que la calidad del servicio en algunas ciudades no sólo no mejora sino que incluso tiende a empeorar.

Frecuentemente se destaca la importancia de contar con servicios de agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad de vida y avanzar en el proceso de desarrollo. Sin embargo, poco se conoce el terrible costo en vidas humanas por no mejorar la situación de estos servicios. Muchos hemos sido impactados por la cifra de muertos durante el periodo de guerra interna, pero si se ampliara la cobertura urbana de agua del 83.6% actual al 90%, evitaríamos la muerte de aproximadamente 2,100 niños al año; mientras que si se aumentara la cobertura de desagüe del 75% actual al 85%, evitaríamos la muerte de aproximadamente 1800 niños al año . Esto arroja una cifra total, en el mismo periodo, superior a la cantidad de víctimas de la guerra interna, no obstante que las metas planteadas para los servicios son relativamente modestas.

La situación de marcado atraso en el desarrollo de estos servicios es consecuencia principalmente de la difícil situación financiera de las empresas prestadoras, que les impide atender las necesidades de mejora del acceso y calidad de los servicios. ¿Porqué las empresas se encuentran en está situación? Como en muchos problemas de desarrollo, las causas de este problema son también bastante complejas. Por un lado, las empresas evidencian serias deficiencias de gestión, reflejadas en las elevadas pérdidas de agua (cerca de la mitad de su producción), y también en un alto nivel de morosidad (cerca de la mitad de su facturación se mantiene sin cobrar). Pero también se observa un excesivo peso de lo político en las decisiones empresariales, lo que suele entorpecer la gestión empresarial eficiente. Pero, un factor muy importante es también el bajo nivel de las tarifas medias de las empresas, que en la generalidad de los casos no les permite cubrir sus costos reales. De este modo, la falta de recursos les impide no solamente disponer de recursos para ampliar el acceso, sino también para efectuar un adecuado mantenimiento de la infraestructura, lo que inevitablemente deteriora la calidad del servicio. Pero incluso, la estrechez financiera les impide gastar en mejores instrumentos de control para evitar las pérdidas de agua, y también en mejorar la gestión.

Lo que llama poderosamente la atención es que, simultáneamente, las empresas se dan el lujo de otorgar un subsidio generalizado a los usuarios domésticos, que se justifica para los más pobres pero no para los sectores más acomodados, y cuya sola corrección les permitiría importantes recursos adicionales para atender tanto la mejora del acceso como la calidad del servicio. Se requiere pues un cambio urgente de las políticas de saneamiento, para que los ciudadanos en general podamos ejercer nuestro derecho humano al agua.

Basado en: Shi, A. (2000) How access to urban potable water and sewerage connections affect child mortality. Policy Research Working Paper Nº WPS 2274, Banco Mundial