Toda ciudad que se abastece de agua de ríos que arrastran aguas desde cuencas mineras, bebe arsénico. La solución más radical para eliminar este producto la establecieron los canadienses que dictaron una ley que prohíbe operar minas que se encuentren en las contigüidades de ríos que sirven a ciudades de más de 200 mil habitantes. O las obliga a construir canales de desfogue totalmente independientes de la ruta principal de las aguas. ¿Vamos a probar una solución como esta para Lima, Cajamarca, Huaraz, Espinar y otras áreas del país?
Pero para los países en los que es muy difícil aplicar la fórmula canadiense se utilizan estándares técnicos con los que los Estados definen los límites en que un grado de contaminación puede ser o no peligroso para la salud.
Revisemos los límites máximos permitidos de arsénico para agua potable en varios países:

A su vez existe la recomendación OMS de reducir el arsénico hasta 0.010 microgramos, que en buena cuenta implica que cuanto más cerca de cero esté la marca, la opinión médica será mejor. Ya dijimos que esa meta sólo podría cumplirse cerrando la totalidad de los elementos contaminantes que afectan las aguas en su ruta hacia los centros de potabilización.

Respondiendo a una denuncia periodística sobre un supuestamente “preocupante nivel de arsénico en el agua” (primera página de El Comercio, 22 de mayo de 2005), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), presentó un informe sobre la calidad del producto que la empresa Sedapal distribuye en la ciudad de Lima.
En base al análisis de muestras recogidas en diversas zonas, a cargo de un laboratorio independiente, la entidad supervisora llega a la conclusión que el agua de Lima no es tóxica y no representa ningún riesgo de salud para la población. El informe consigna que en dos puntos de Villa el Salvador los índices son de 0.012 y 0.011, en Miraflores de 0.009, en San Juan de Lurigancho de 0.009 y en Comas de 0.010.
Es decir, sobre cinco muestras: el conjunto estaba muy por debajo de la norma nacional; dos estaban ligeramente sobre la recomendación de OMS; una en la línea de OMS y dos por debajo de este dato.

La mayoría de medios tradujeron el informe DIGESA como que se había descartado todo riesgo de daño a la salud en el agua de Lima.
Sólo “El Comercio” tituló a la inversa: “DIGESA confirma niveles de arsénico en el agua”
O sea según el diario más poderoso de Lima, ellos tienen la razón, aunque estén equivocados. Que haya niveles de arsénico en el agua de Lima, es tan científico como afirmar que hay anhídrido de carbono en el aire. Y que los índices de Lima estén fluctuando alrededor de la recomendación de OMS, debería suscitar una felicitación para una empresa que debe lidiar con un río enfermo como es el Rímac.
Lo que no había era motivo para proclamar la alarma en la ciudad, hablar de riesgo de cáncer y lento envenenamiento de los habitantes de la capital, que fue lo que se hizo con la denuncia periodística de mayo.
Más aún para sostener que como consecuencia de su investigación lo que correspondía era entregar el control del río Rímac a una nueva administración rebajando el papel de DIGESA, Municipalidad de Lima, Sedapal, a favor del CONAM (Consejo Nacional del Ambiente), que es un membrete estatal para un consorcio de la Sociedad de Minería con el AID.
Si hoy se comprueba que DIGESA, con verificación técnica independiente, considera que no hay motivo de “preocupación” y que las sombras levantadas contra Sedapal carecen de sustento, ¿cómo pueden imaginar los responsables de El Comercio, de que se les ha dado la razón?

El contexto en que quedó planteada la denuncia sobre el arsénico en el agua de Lima, es el de una campaña periodística para lograr la privatización de Sedapal.
El mayor argumento para poner en manos privadas un paquete de las dimensiones de la empresa limeña del agua, es que el Estado no cuenta con los recursos económicos para ejecutar un programa de inversión como el que se requeriría para el desarrollo del servicio.
A lo que suma la acusación de ser responsable de la existencia de un sector de la población capitalina que carece de acceso a las redes de agua y desagüe. Sector compuesto por los asentamientos de conformación más reciente, que carecen de saneamiento legal (titulación) y se encuentran en zonas de acceso difícil. En estas zonas están ejecutándose programas de extensión, pero la campaña insiste en que se hace muy lentamente y que los privados producirían el milagro de agua para todos, en un abrir y cerrar de ojos.
La presión de la gran prensa y de los expertos privatizadores no ha modificado, sin embargo, la opinión contraria a la concesión de Sedapal, de más del 70% de los habitantes de Lima. La gente está convencida que esto no sólo traerá alzas bruscas en las tarifas, sino que generará un monopolio de servicios adicional a los que ya existen, con todas las cargas de abuso que se han venido viviendo. Y que, por añadidura, burlará la expectativa de los pobres sin agua.
La posibilidad de sembrar pánico con la idea del agua envenenada no parece nada ingenua en medio del esfuerzo por mover la opinión pública a aceptar la opción privatista.

Un plato de rico ceviche contiene más arsénico que si consumiéramos una jarra de agua de caño distribuida por Sedapal, a lo largo del año.
Los minerales contenidos en cada botella de cerveza que los peruanos consumimos plenos de entusiasmo, podrían servir para organizar cualquier denuncia para provocar el pánico.
Porque en ninguno de los dos casos hay realmente riesgo para la salud.
La prensa puede ser también el más vil de los oficios.
Es decir que puede usar su poder para fines subalternos, de manipulación.
Seguramente muchos quisieran creer que El Comercio, simplemente se equivocó con su “investigación”. Pero si fuera así, lo único que habría podido ocurrir es un reconocimiento público y un pase de la página.
Pero no.
Como en toda su historia el viejo diario decide la realidad. Por eso ellos tienen la razón aún en los casos en que están equivocados.