El nuevo año sorprendió al país con la asonada liderada por Antauro Humala y el movimiento etnocacerista, exigiendo la renuncia del Presidente. La toma de la comisaría de Andahuaylas evocó acciones de Sendero Luminoso y el MRTA, más allá de su ostensible carácter golpista contra el orden democrático, sostenido en la real debilidad e impopularidad del gobierno de Alejandro Toledo.

El objetivo inicial de Humala –capturar dos cuarteles del Ejército en la zona- fue cambiado la misma noche del 31 de diciembre al constatar que las medidas de seguridad habían sido redobladas en ellos, optando entonces por la comisaría de la ciudad. La captura concluyó, tras tensas negociaciones durante más de 40 horas, con el lamentable saldo de 4 policías y un reservista muertos. No se produjeron ni el alzamiento militar que esperaba Humala dado el descontento imperante por el tema de los ascensos (reivindicó la figura del General Graham, cesado en el mando del Ejército), ni menos la movilización de las masas disconformes con el gobierno, quedándole al rebelde la ilusión de repetir el camino de Chávez en Venezuela. Más allá de los hechos, la asonada evidenció, una vez más, algunos de los severos problemas que aquejan a nuestra sociedad.

El movimiento humalista, que congrega a un número indeterminado de reservistas de las Fuerzas Armadas, se organizó hace algunos años alrededor de un curioso discurso que combina elementos claros del nacionalismo militar –la invocación a la figura ambigua del Mariscal Cáceres que resistió la invasión chilena del siglo XIX pero que también firmó el entreguista contrato Grace, el aliento al sentimiento antichileno, la crítica extrema a las transnacionales y a la inversión extranjera, entre otros- con una peculiar versión indigenista que habla sobre los indios y no desde ellos, caracterizándose en su corta vida por su fuerte tono autoritario e intolerante y por la similitud de muchos de sus símbolos y de su teatralidad, con aquellos a los que recurrió el fascismo. ¿Cómo entender entonces su desarrollo y su cierta convocatoria?

La profunda crisis de representación que sufre nuestro país, el abismo que separa a los políticos de la gente y su búsqueda de un orden menos injusto y excluyente, constituye sin duda una explicación parcial. La incapacidad del gobierno para prevenir conflictos, más profundamente su enorme frivolidad, su servilismo al gran poder económico y los crecientes indicios de su corrupción, son elementos que contribuyen a entender mejor la asonada que, todo parece indicarlo, había sido advertida inútilmente por fuentes de inteligencia del Ministerio del Interior. La incredulidad de la gente en los políticos y en el Estado en general, su hartazgo por su situación cotidiana, se encuentra a la base de la atracción que ejercen movimientos autoritarios como el etnocacerismo y figuras como la de Fujimori.

Humala y los suyos tendrán que ser castigados por la justicia, diferenciadamente, de acuerdo a sus responsabilidades. Más allá de tal hecho, sin embargo, cabe preguntarse cuales son los imperativos que tiene el sistema democrático ahora que, una vez más, se muestra exánime e incapaz de avanzar en la inclusión real de vastos sectores de la población nacional. El cambio de gabinete es un imperativo del cortísimo plazo. Carlos Ferrero y los ministros que lo acompañan perdieron la muy escasa legitimidad que ya tenían antes de la asonada. El nuevo gabinete, que debe ser concertado con las distintas fuerzas políticas del país, debe asegurar la estabilidad de un gobierno cada vez más precario y garantizar un proceso electoral transparente, democrático, conduciendo una transición que puede ahogarse en la ineptitud y en la inequidad que irritan cada vez más a la ciudadanía.

Simultáneamente, es necesario recuperar la idea de una Asamblea Constituyente –elegida por voto directo, secreto y universal- que asuma los cambios urgentes que requiere el régimen político, social y económico, establecido por la Constitución fujimorista de 1993. La mayoría ciudadana no encuentra en el Congreso actual un instrumento legítimo y representativo para hacer este cambio constitucional que resulta indispensable antes de las elecciones del 2006.

El oficialismo y buena parte de la oposición están en la obligación de superar la indolencia que ha caracterizado su acción los últimos meses, esperando que “llegue” el cambio de gobierno sin encarar los problemas sociales económicos, políticos y de corrupción que nos aquejan. De no hacerlo, probables nuevas asonadas y la propia radicalización de la lucha social, ensombrecerán aún más el panorama nacional. La derrota de Humala, consecuencia de su afán de posicionarse políticamente a cualquier precio, puede ser el fin de “su” película, no de las razones que lo explican.

* Responsable del Área de Iniciativas legales y Políticas del Grupo propuesta Ciudadana. Investigador de desco.