 La
rebelión de Antauro Humala en Andahuaylas le ha costado
la vida a cuatro valientes policías peruanos, que no
dudaron en ir hasta las últimas consecuencias en la
defensa del orden constitucional. No ha sido, pues, cosa de
broma. Ahora bien, aunque dicha rebelión ha sido ya
bastante analizada, hay dos aspectos vinculados a ella a los
cuales, creo, no se les está queriendo prestar suficiente
atención. El primero es la coincidencia de Humala con
cierto mesianismo andino del gobierno.
Como se sabe, la ideología —de
alguna manera tenemos que llamarla— de Humala, el “etnocacerismo”,
tiene un fuerte componente de política étnica.
Humala ha pretendido reivindicar, con su descabellada rebelión,
a la raza indígena. Lamentablemente, ese mismo afán
de reivindicación étnica ha estado también
presente en la retórica del gobierno —sobre todo,
en los labios de la Primera Dama de la Nación, Madame
Eliane Karp de Toledo. Acaso no se ha tenido conciencia de
que, al hablar de “quinientos años de opresión”,
culpar de nuestros males a los “blanquitos de Miraflores”
y colgarse una chakana en el pecho, se estaba abonando el
terreno para la aventura de Humala.
El segundo aspecto del que no se quiere hablar mucho es el
alto nivel de aprobación que la rebelión de
Humala tiene en la opinión pública. Según
una encuesta reciente de la Universidad de Lima, llega a 34%.
¿Cómo explicarlo? A mi modo de ver las cosas,
la salida fácil es levantar el índice acusador
contra la falta de cultura democrática de los peruanos.
No creo que no exista dicha carencia, pero considero que hay
otros aspectos a tomar en cuenta.
En cierta medida, lo que explica el nivel de aprobación
de la aventura de Humala es la ausencia de gobierno que se
viene experimentando desde el 2001. Al igual que otras veces,
hemos vuelto a pasar de un gobierno demasiado fuerte a otro
demasiado débil. Evidentemente, esta situación
se origina en que no se prioriza debidamente la provisión
de bienes públicos, pero también en el extravagante
juego político que se desarrolla en el Congreso de
la República.
Quien se dé una vuelta por los conos
de Lima, por ejemplo, encontrará cómo han proliferado
las rejas, las vallas y los rompemuelles. No hay casi manzana
en la que no se tenga algún tipo de protección
vecinal contra la delincuencia común. La inseguridad
generada por el terrorismo en los 1980s y 1990s ha sido sustituida
en estos años por la generada por la delincuencia común.
Los linchamientos estilo fuenteovejuna son otra reacción
crispada al respecto.
En ese contexto, el comportamiento errático del Congreso
de la República —incapaz de castigar debidamente
los desmanes de algunos de sus miembros— ha terminado
configurando el caldo de cultivo propicio para un oportunista
como Humala. Como se sabe, el 29 de octubre de 2000, cuando
el gobierno de Fujimori agonizaba, Humala —valiente
él— organizó una primera rebelión.
Lamentablemente, el jacobinismo subsiguiente lo amnistió.
En todo caso, debemos tener claro que revertir esta situación
pasa no sólo por castigar con todo el peso de la ley
a Humala y sus compinches sino también por una profunda
reestructuración de la política peruana.
* Director Ejecutivo de la
Sociedad de Economía y Derecho UPC.
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