Diagnostico y Propuesta 14

Vínculos entre la salud pública y los derechos humanos

PRÓLOGO


El Observatorio del Derecho a la Salud es una iniciativa del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) que está auspiciada por la Fundación Ford. Su propósito consiste en producir conocimiento útil e institucionalizar prácticas de análisis independiente alrededor del derecho a la salud. Apoyamos el debate nacional sobre las políticas económicas y sociales en el campo de la salud, así como el diálogo y la construcción de consensos alrededor de la defensa y promoción de los derechos ciudadanos en salud, fortaleciendo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el análisis de las políticas y la situación de la salud.

A partir de los estudios realizados por el CIES en el campo de la salud durante los últimos años, el Observatorio se propuso aportar a la conducción y proposición de modelos y marcos conceptuales integradores y explicativos, que establezcan una interrelación entre la comunidad de la salud y la comunidad de los derechos humanos a través de dos corrientes: el abordaje de la medicina social —con una expresión prioritaria en salud pública en el Perú— y el marco integral de los derechos humanos.

En este contexto y dentro de la línea de investigación del Observatorio, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Facultad de Salud Pública y Administración Carlos Vidal Layseca de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Mario Ríos Barrientos, Susana Chávez Alvarado, Eduardo Cáceres Valdivia y Juan Arroyo Laguna, han conducido el estudio Vínculos entre la salud pública y los derechos humanos, que presentamos en esta oportunidad.

Si bien el estudio deja constancia de los actuales grados de desencuentro entre los campos de la salud y los derechos, propone
una serie de rutas tendentes a establecer un enfoque interdisciplinario en el ámbito de la salud y fortalecer el diálogo entre los diversos actores, decisores, profesionales, investigadores, organizaciones comunitarias y agentes de la cooperación internacional, así como en los movimientos sociales conformados en torno a la salud y a los derechos humanos.

Nos alegra señalar la existencia de una emergente sociedad civil salubrista que en sus relaciones con el Estado, está colocando
el derecho a la salud como parte central de la agenda.

La principal conclusión que se deriva de la revisión de las publicaciones es la necesidad de trascender lo sectorial y desarrollar un análisis comprensivo en el campo de la salud pública, vinculándolo con los derechos humanos. Para ello se tienen que considerar los determinantes sociales, políticos y económicos que influyen en la salud. El estudio además propone un marco de análisis que incorpora herramientas y compromisos internacionales en materia de derechos humanos que puede ser aplicado, tanto en futuras investigaciones como en el análisis de las políticas públicas.

El CIES identifica tres grandes desafíos para el sistema de salud con relación a la evidencia ya producida: i) se requiere superar la improvisación con que se formulan las políticas públicas, ii) realzar la importancia de la investigación en la administración pública y iii) fortalecer los vínculos entre la generación del conocimiento y su utilización por parte de diferentes actores, como medio de promover la toma de decisiones basada en las evidencias.

Considera además, el efectivo cumplimiento de los derechos humanos - lo que supone incluir el concepto de equidad, las cuestiones técnicas y las políticas en materia de salud - representa un desafío para la actual política y la gobernabilidad.

Por último, queremos señalar que si bien durante las últimas décadas fue notorio que en el campo internacional de los derechos humanos se produjo un desplazamiento hacia una teoría de los derechos sociales mínimos o garantizados - a diferencia de la concepción de derechos sociales universales - actualmente estos enfoques se encuentran en discusión tanto en el ámbito académico, como entre los organismos internacionales y los operadores de políticas públicas.

Durante la última década, principalmente en el marco de la Organización de Naciones Unidas, se ha abierto una oportunidad
para poner el énfasis en los efectos de la pobreza, el deterioro ambiental, las consecuencias de las políticas macroeconómicas, la discriminación de la mujer y en general, los derechos económicos, sociales y culturales como aspectos esenciales de las políticas públicas. Como parte de esta tendencia, se ha designado por primera vez un Relator Especial del Derecho a la Salud.

¿Estaremos tal vez frente a una nueva generación de reformas de los sistemas de salud que comprendan la integralidad, la interdependencia y la universalidad del derecho a la salud?


Carlos Eduardo Aramburú
Director Ejecutivo
Consorcio de Investigación Económica y Social

Ana Güezmes
Coordinadora
Observatorio del Derecho a la Salud