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Economía y Sociedad
Octubre 2004, Nº 53
PRESENTACIÓN
Durante los últimos años, la economía
peruana se ha fortalecido. La actividad económica viene creciendo
a tasas moderadamente elevadas por tres años consecutivos y la
inflación ha bajado a niveles internacionales. La balanza comercial
es superavitaria desde el año 2002 y, a partir del año 2003,
el país experimenta nuevamente un superávit primario en
las cuentas fiscales. Las reservas internacionales del Banco Central sobrepasan,
hoy en día, los US$ 11.000 millones.
A pesar de este escenario de estabilidad, subsisten algunos retos como,
por ejemplo, la baja tasa de inversión, la ineficiencia del gasto
público, la dolarización del sistema financiero y la aún
poca integración con la economía mundial. En concreto, queda
cada vez más claro que la dolarización impone una serie
de restricciones al manejo de la política monetaria y que la regulación
del sistema financiero debe converger hacia nuevos estándares internacionales,
que permitan un mayor blindaje de la economía peruana frente a
contingencias externas. En la misma perspectiva, un buen manejo de las
actuales negociaciones comerciales internacionales contribuiría
con el desarrollo de la economía peruana en el largo plazo, mientras
que en el terreno local conviene examinar los fundamentos de la descentralización
fiscal, entre otras cosas, para prevenir eventuales riesgos para la sostenibilidad
de las finanzas públicas.
La presente edición de Economía y Sociedad busca aportar
a esta reflexión, incluyendo cuatro artículos que abordan
los aspectos antes mencionados. Todos ellos son resúmenes de estudios
realizados en el marco de los concursos convocados por el Consorcio de
Investigación Económica y Social (CIES). Los lectores interesados
pueden consultar las versiones completas y más detalladas de los
trabajos, en la página web del CIES.
Alan Fairlie, Gabriela Cuadra y David Florián (PUCP) llevan a cabo
la primera investigación. Los autores abordan el debate sobre cuál
debe ser el rumbo que debe seguir la política comercial peruana
y cuantifican los efectos de posibles escenarios de integración
en los distintos sectores productivos del país, así como
en el bienestar de los diversos agentes económicos. Tanto en términos
agregados como sectoriales, los autores encuentran que los acuerdos multilaterales
generarían mayores beneficios que los bilaterales. En tal escenario,
los resultados sugieren la necesidad de una estrategia de inserción
internacional y de negociaciones comerciales integrales.
El segundo documento, a cargo de Eduardo Morón y Juan Francisco
Castro (CIUP), evalúa distintas medidas para combatir el fenómeno
de la dolarización, toda vez que esta complica el diseño
de la política económica. Los resultados permiten inferir
que una reducción de la cobertura del seguro de depósitos
en dólares, no se traduciría en una disminución de
la dolarización, ya que se propiciaría una transferencia
de recursos hacia el exterior. En cambio, los autores concluyen que el
esfuerzo por desdolarizar debe pasar por una reducción de la volatilidad
relativa de la inflación respecto de aquella de la devaluación
real.
El tercer artículo, elaborado por Martín Naranjo, Oscar
Basso y Emilio Osambela (CIUP), examina la viabilidad de la convergencia
regulatoria en los sistemas financieros de los países de la región
andina, hacia un estándar como el propuesto por Basilea II. Este
acuerdo busca fortalecer la solidez y estabilidad del sistema bancario
internacional, a través del incremento de los requerimientos de
capital de los bancos. Los resultados del estudio sugieren que los países
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tienen más dificultades
que los países desarrollados para cumplir con las condiciones necesarias
para una convergencia eficiente hacia Basilea II, por lo que su aplicabilidad
no será posible en el corto plazo. En particular, se concluye que
los países en cuestión deben alcanzar una convergencia interna
antes de llegar a una convergencia internacional.
En el cuarto texto, Luis Carranza y David Tuesta analizan el proceso de
descentralización en el Perú, centrándose en el aspecto
fiscal. Los autores evalúan los ingresos y las transferencias intergubernamentales,
la asignación de responsabilidades de gasto y los lineamientos
del endeudamiento subnacional. Concluyen que el impuesto a la renta (IR),
el IGV y los impuestos específicos, sobre materias primas principalmente,
no deberían ser trasladados a los gobiernos regionales. En cambio,
sí se podría establecer un impuesto regional a las planillas
y a los trabajadores independientes.
Las cuatro contribuciones siguientes constituyen trabajos sobre temas
específicos. El estudio de Carlos E. Aramburú (CIES) busca
analizar la relación entre el Estado y el ciudadano, a través
de la aproximación de la interacción entre los distintos
actores sociales en Lima y Huancayo. Los elementos analizados permiten
concluir la existencia de una ciudadanía de baja calidad, signada
por la desconfianza y la exclusión, y que contempla al Estado como
uno tradicional, asistencialista y populista.
En el sexto trabajo, Miguel Jaramillo y Sandro Parodi (Instituto Apoyo)
evalúan la efectividad del Seguro Escolar Gratuito (SEG) y del
Seguro Materno Infantil (SMI) para alcanzar a los segmentos más
pobres de la población e impactar sobre la equidad en el acceso
a los servicios de salud. Aunque ambos seguros tuvieron un impacto positivo
sobre dicho acceso, los resultados sugieren que no contribuyeron a reducir
la desigualdad y que sus niveles de filtración son elevados.
En un contexto en el que el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y la integración con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
proponen un libre comercio en todos los sectores, el artículo de
Pierre-Olivier Pineau (Universidad de Victoria) analiza los cambios y
reformas que, en un futuro cercano, deberían considerarse en el
sector eléctrico peruano. De acuerdo con el autor, la integración
regional y las negociaciones comerciales actuales ejercerán una
importante presión sobre el Gobierno peruano, para cambiar la regulación
del sector eléctrico por un modelo de mayor competencia.
El documento de Jorge Recharte, Adriana Delgado e Inés Olivera
(The Mountain Institute) analiza las relaciones entre las empresas mineras
y las comunidades en el Perú, e identifica recomendaciones para
fortalecer el papel rector, promotor y fiscalizador del Estado, así
como mecanismos de interacción con los actores sociales involucrados
en la actividad minera. Los resultados concluyen que el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) debe redefinir su responsabilidad hacia los
intereses públicos locales, a través de una voluntad política
de cambio, identificando las metas específicas que se busca lograr
en el sector.
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Carlos
E. Aramburú
Director Ejecutivo
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Javier Portocarrero Maisch
Director Adjunto
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