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Economía y Sociedad boletín de opinión
n° 42 PRESENTACIÓN Durante la década de los noventa, el agro peruano creció a una tasa anual de 4,1%. Aunque la cifra no es despreciable, sí fue insuficiente para revertir el gran atraso del campo. En efecto, en el año 2000, el agro absorbe 32% del empleo, pero sólo contribuye con un 9% del producto. En otras palabras, la productividad del trabajo en este sector es aproximadamente tres cuartas partes menor que en el promedio de la economía peruana, en sí misma subdesarrollada. Así, no extraña que la incidencia de la pobreza sea 65% en el área rural, casi el doble que el 36% de Lima (ENNIV 1997). Aun el quintil más rico de la población rural, con un ingreso per cápita del orden de US$ 95 al mes, está más cerca de la pobreza que de la prosperidad. Dadas estas condiciones, el desarrollo agrario supone un enorme reto, y esta edición de Eco-nomía y Sociedad busca contribuir al diseño de estrategias y políticas para enfrentarlo, re-uniendo seis artículos vinculados al estudio del sector y a la propuesta de recomendaciones, tanto para el Estado como para los agricultores y las instituciones financieras. Asimismo, la revista incluye el documento base del último taller de coyuntura económica del Consorcio. A continuación, se reseña algunas de las principales contribuciones de los artículos. Los programas sociales de apoyo
alimentario están obligados a priorizar, dentro de sus com-pras,
a la producción nacional y, en particular, a los pequeños
agricultores. El trabajo de Rebosio y Rodríguez (CEDEP) evalúa
el impacto de las compras de alimentos del Pronaa sobre los ingresos campesinos.
El estudio realizado en Ica y Ayacucho revela que los agricultores obtu-vieron
un ingreso entre 20% y 30% mayor, por haber vendido parte de su producción
al Pronaa. Sin embargo, el mayor costo de abastecimiento se traduce en
un menor número o inferior calidad de las raciones de alimentos
repartidas. Además, existen filtraciones en las compras hacia agricultores
no pobres, por lo que el mecanismo del diferencial de precios no es eficiente
para aliviar la pobreza campesina. Los autores encuentran, adicionalmente,
otras dificultades en estos programas, y proponen alternativas para lograr
mayor eficiencia en su ejecución y en el logro de sus objetivos. Desde 1993 hasta 1997, la autoridad
habitual (Sunarp) y un proyecto ad hoc (PETT) entrega-ron unos 250 mil
títulos registrados de predios rurales, elevando la proporción
de unidades registradas de 17 a 21% entre ambos años. El artículo
de Fort y Aldana (GRADE) analiza los efectos de la titulación y
registro de las propiedades rurales en el nivel de capitalización
del sector agrícola. Identifica dos beneficios principales: la
seguridad de tenencia, que favorecería la inversión; y el
mayor acceso al crédito, en tanto se puede entregar la tierra como
colateral. Sin embargo, pese al gran esfuerzo y gasto que ha implicado
esta política de titulación y regis-tro por parte del Estado,
hasta la fecha no se cuenta con un análisis empírico que
respalde dichas medidas y que explique los beneficios concretos que se
espera obtener de ellas. Tales son los objetivos de su investigación. El texto de Figueroa examina
las principales características y el potencial de la especie forestal
llamada auca atadijo. La especie ofrece una madera blanca, sin nudos,
relativamente dura al estado seco, de buena durabilidad, y permite un
fácil aprovechamiento por ser de densidad media. Estas y otras
características permitirían su rápida introducción
en los mercados interna-cionales; en particular, en Japón.
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