Los objetivos de la política fiscal no deben limitarse sólo a moderar las fluctuaciones de la economía y a cumplir con las obligaciones de largo plazo. Es importante que la política fiscal busque también recuperar el papel del Estado como proveedor de servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento. Lo que me lleva a esta reflexión es la política fiscal de los últimos años, una de las más irresponsables de la historia moderna del país. Se privatizó y se gastó mal lo que se obtuvo. Se pudo haber prepagado la deuda pública externa o se pudo haber invertido en infraestructura básica, pero en lugar de eso se dilapidó el dinero.

La disminución del déficit que tuvo lugar hasta el año 97 no fue producto de una política tributaria responsable o de una gestión eficiente del gasto, sino del uso de los ingresos de las privatizaciones para financiar gastos con objetivos exclusivamente políticos. La política fiscal de esos años, que en lugar de moderar las fluctuaciones de la economía las acentuó, dio lugar a una caída espectacular de la inversión pública. En el primer lustro de los años noventa, esta inversión se aproximaba al 5% del producto bruto interno (PBI) y ahora representa sólo el 2.9% del PBI. Como resultado, aumentó el déficit de infraestructura de salud, de educación, de agua, de saneamiento, de electrificación, etc. Esto tiene que cambiar. Se debe recuperar la participación de la inversión pública hasta por lo menos 5% del PBI. Para ello debe cambiar la estructura de financiamiento del gasto público total e introducirse una regla de política fiscal que suavice las fluctuaciones de la economía, es decir una política fiscal contracíclica.

Para cambiar la estructura del financiamiento del gasto público total hay dos mecanismos. El primero es aumentar la duración de la deuda pública; es decir, disminuir sustantivamente su riesgo de refinanciamiento ya que la deuda pública se encuentra concentrada en los próximos 7 u 8 años. Por ejemplo, la magnitud del servicio de la deuda en el año 2006, asciende a más o menos 3% del PBI. Esto es demasiado en un país que ha acrecentado su déficit de infraestructura social. Las operaciones de reperfilamiento son las que permiten aumentar la vida media de la deuda y para ello la deuda pública doméstica es el instrumento fundamental. La expansión y desarrollo de esta última puede permitirnos matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, cuando aumenta el peso de la deuda interna en el total, disminuyen sus riesgos de mercado, es decir, el riesgo cambiario y el riesgo tasas de interés. Estos últimos existen porque la deuda, que es fundamentalmente externa, está pactada en monedas distintas al sol y parte importante de la misma está pactada a tasas de interés variables. Por otro lado, si se sustituye la deuda externa por deuda interna, se puede alargar también la vida media de la deuda total. En suma, con las operaciones de reperfilamiento estaríamos haciéndole un mayor espacio a la inversión pública para recuperar sus niveles históricos. Imaginemos que con dichas operaciones se ahorren recursos equivalentes a un punto, o un punto y medio del PBI, entonces, en lugar de destinar esos recursos al pago de los servicios corrientes de la deuda año tras año, estaríamos destinándolos a la inversión pública.

El segundo mecanismo para cambiar la estructura de financiamiento del gasto público total es el aumento de la presión tributaria. Se debe fomentar la cultura tributaria y combatir la evasión y la elusión, al mismo tiempo que se modifica la composición de la estructura tributaria aumentando el peso de los impuestos directos. Además, se debe introducir un impuesto a las sobreganancias en la explotación de recursos naturales, así como eliminar las exoneraciones sectoriales y regionales que no cumplen su cometido.

Finalmente, para impedir que la inversión pública siga disminuyendo, hay que introducir una regla contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Esta regla debe estar basada en el superávit estructural que hace sostenible la política fiscal. En un régimen de tipo de cambio flexible, la mejor recomendación que proviene de la teoría, es contar con estabilizadores automáticos y, por supuesto, en este caso es mucho más potente aplicar una regla fiscal contracíclica que estar pensando en sanciones a los funcionarios que incumplen con las metas fiscales.