La falta de competitividad, debido a que hemos permanecido como una economía cerrada hasta principios de los noventa, es una de las principales restricciones[1] al crecimiento económico de Perú. La competitividad no es sólo algo pertinente para la producción exportable, es de importancia creciente para la producción orientada al mercado interno que debe competir con las importaciones. Asimismo, permite acelerar el crecimiento, lo cual junto con políticas adecuadas, eleva la disponibilidad de recursos para transformar productivamente las regiones y segmentos atrasados de la economía peruana fortaleciendo la inclusión social. ¿Cuáles han sido, en esta materia, las propuestas de los partidos que encabezan las encuestas electorales?

La mejora de la competitividad depende del crecimiento de la productividad (a través de la influencia de la educación y formación), la mejora de la salud, la innovación tecnológica, la estabilidad de las reglas macroeconómicas y una institucionalidad favorable. En Perú, la competitividad depende particularmente de los diferentes factores que influyen sobre la organización y estrategia de las empresas y su productividad, tales como: 1) infraestructura productiva para la competitividad; 2) acceso a innovaciones tecnológicas; 3) mejora de la formación laboral y gerencial en la empresa; 4) apoyo al desarrollo de conglomerados y cadenas productivas; 5) ampliación y penetración de mercados externos y acuerdos comerciales; 6) cláusulas de reajuste de salarios según aumento de la productividad; 7) apoyo al aumento de la productividad en la micro y pequeña empresa; 8) el desarrollo de servicios de capacitación e innovación para explotaciones de baja productividad; 9) un poder judicial confiable, y otros factores relevantes.

Unidad Nacional ha planteado, al amparo de un rol regulador y promotor del Estado, una política de apertura intensiva para duplicar las exportaciones durante su administración, suscribiendo tratados de libre comercio con las mayores economías del mundo, junto con una reducción de aranceles y un impulso a la competitividad de las empresas. A ello se le suma un programa de concesiones al sector privado para elevar la inversión y mejorar la infraestructura para la competitividad - que beneficiará además a la agricultura – con la restricción de que los países vecinos no podrán invertir en puertos, por razones de experiencia y tecnología. Enfatiza además un plan para formalizar las MYPES, líneas de crédito para las mismas y reducción de trabas burocráticas. Propone también un seguro universal en materia de salud, con participación del sector privado. En educación se plantea aumentar el número de horas de clase, reestructurar la carrera magisterial con un nuevo escalafón, y elevar anualmente en 0.5% del PIB los recursos para educación. Se propone también una reforma del estado, de la administración de justicia, y una ampliación de la base tributaria – formalización - para elevar los ingresos tributarios.

Unión por el Perú ha criticado el TLC con EEUU y ha planteado la necesidad de efectuar un referéndum o que el próximo Congreso sea el que lo apruebe. También ha propuesto desarrollar los mercados internos, a través de infraestructura productiva y otras medidas, para integrar los segmentos postergados de Perú al crecimiento. Este enfoque permitiría elevar la productividad de los segmentos postergados. De acuerdo a este planteamiento, poner el énfasis en los mercados internos no es conflictivo con continuar del esfuerzo exportador, porque supone que los aumentos de productividad en segmentos postergados contribuirá positivamente a la exportación. Unión por el Perú ha hecho un llamado para que todos los empresarios se sumen a su proyecto, sin temores, porque considera que no afectará a las empresas privadas. Ha propuesto también el llamado a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución – lo que podría acarrear cambios en el ámbito de competitividad.

El APRA ha propuesto generar las condiciones para acelerar la inversión y el empleo - lograr el grado de inversión[2] para Perú, impulsar el desarrollo agro-exportador de la sierra (transformando 150 mil hectáreas para dicho propósito) promover la formalización y la titulación de predios para fomentar el acceso al crédito. También ha señalado la necesidad de una discusión amplia del TLC con EEUU antes de ser aprobado en el Congreso. El APRA rechaza el libre mercado puro y plantea la necesidad de políticas concretas en diferentes frentes – competitividad, inversión, empleo, políticas sociales, etc. – para que la población perciba efectivamente los beneficios del crecimiento. El APRA ha enfatizado la necesidad de una reforma al sistema político, para terminar con la falta de credibilidad y corrupción y lograr una estabilidad política que facilite el proceso de inversión y desarrollo.

El Frente de Centro ha planteado un modelo de desarrollo descentralizado, integrado y exportador – para impulsar la inversión, la mejora de la productividad y competitividad y un desarrollo descentralizado e integrado. El Frente da mucha importancia a los avances en materia de educación e innovaciones para la competitividad – así como a las concesiones para inversión en infraestructura – aunque cuidando los aspectos de seguridad en los puertos. Para realizar propuestas en este y otros temas el Frente invoca al Acuerdo Nacional. El Frente está de acuerdo con el TLC, con la condición de que se lleve a la práctica las medidas compensatorias para los afectados. Propone una profunda reforma del estado, con énfasis en la reforma de la educación y mejora de su calidad; reforma de la salud, de la justicia y de la lucha contra la corrupción. Plantea una racionalización tributaria - un pacto fiscal – orientada a la ampliación de la base de recaudación que permita elevar la presión tributaria de 14% a 18%. Se sugiere además la extensión del plazo de la ley que reduce transitoriamente los costos laborales para las MYPES. Ha sugerido esclarecer si es necesaria o no una reforma de la constitución. En caso que lo fuera, se buscaría no afectar a los articulados económicos.

Por consiguiente, el tema competitividad está presente en las propuestas de Unidad Nacional y Frente de Centro, en mucho menor medida en el caso del APRA, y casi ausente en Unión por el Perú. Los primeros presentan enfoques de carácter general y no un planteamiento detallado, concreto y articulado, tal como en las experiencias exitosas de países emergentes de Asia y América Latina.

Entre las razones que podrían explicar por qué los principales partidos no prestan suficiente atención a la competitividad, cabe señalar cuatro. El primero es que el debate electoral actual en Perú no gira en torno a temas como la competitividad y descansa más en imágenes, adjetivos, búsqueda de adhesiones por identificación, y anuncios electrizantes. La segunda es la falta de información o que los principales partidos no han alcanzado a elaborar, todavía, un plan completo que integre el ámbito competitividad como uno de los pilares de una estrategia de desarrollo. La tercera razón se deriva de las anteriores: dado el bajo nivel del debate electoral, el planteamiento de una estrategia de competitividad no sólo es innecesario si no riesgoso – es un frente más que se abre para un carga-montón sin ninguna racionalidad. La cuarta razón tiene que ver con el escenario económico actual. En el periodo 2003-2005, Perú se ha beneficiado de la rápida expansión de la demanda por sus exportaciones, particularmente de las primarias, generando un entorno externo favorable. Algunos economistas, dan por descontado que se mantenga esta situación favorable por lo cual no se preocupan demasiado por la competitividad. La información disponible indica que es muy baja la probabilidad de que en el periodo 2007-2011 se mantenga el ritmo acelerado de expansión registrado en 2002-2005. Los equipos de los partidos políticos harían muy bien en no adoptar como un dato las tendencias pasadas, y plantear, desde ahora, una estrategia de competitividad que le permita a Perú seguir expandiéndose aceleradamente, diversificando sus exportaciones y su producción competitiva, aún en un contexto externo menos favorable.

[1] Inestabilidad política, insuficiencia de ahorro; debilidad en decisiones privadas de inversión; escasa capacidad para el manejo de grandes proyectos; etc.
[2] Calificación que indica que un país sea solvente, equilibrado, con capacidad para pagar todas sus deudas en el largo plazo (n.e.)