El análisis del presupuesto es indispensable para el monitoreo de políticas públicas concretas y sectores específicos. La transparencia presupuestaria es clave porque reduce los espacios de discrecionalidad y corrupción. Así, la sociedad civil puede apoyar los procesos de democratización, descentralización y la reforma administrativa.

El ciclo presupuestario público consta de cuatro etapas a) programación y formulación, realizada por el Ejecutivo; b) aprobación del Legislativo; c) ejecución, a cargo del Ejecutivo; y d) evaluación (Ejecutivo) y control (Contraloría y Congreso). Ha habido importantes avances en materia de transparencia y acceso a la información, desde el régimen de Fujimori. Sin embargo, aún hay margen para mejoras que faciliten la participación de la población.

La primera fase, programación y formulación, es probablemente la más importante. Determina las prioridades y características de los programas. Fija la propuesta del Ejecutivo, que suele aprobarse sin mayores modificaciones en el Congreso. Pese a su importancia, es probablemente la etapa más cerrada y menos transparente, donde ni la sociedad civil ni el Congreso participan o acceden a la información. La fase de aprobación por parte del Legislativo es más abierta y transparente. El debate es relativamente público. No obstante, el Congreso no cuenta con un equipo técnico solvente y estable. En ese sentido, la incorporación de la sociedad civil en esta etapa enriquecería la discusión.

Donde se ha avanzado más en la transparencia es en la fase de ejecución del gasto. El Portal de Transparencia del MEF permite identificar la manera como se va gastando el dinero. Sin embargo, aún se conoce poco sobre los criterios que el Ejecutivo utiliza para modificar el presupuesto durante su ejecución, pudiendo alterar la asignación de recursos a los sectores. En cuanto a la última etapa, la evaluación suele ser ex post, desfasada y centrada más en los procedimientos que en el impacto. No existe un sistema permanente de evaluación del desempeño y la gestión que permita retroalimentar el planeamiento y la toma de decisiones. Así, los proyectos de baja calidad continúan funcionando sin las correcciones necesarias.

La nueva “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” ofrece interesantes perspectivas para la vigilancia desde la sociedad civil. Establece que en principio el ciudadano puede acceder a toda información que posea el Estado, estableciendo responsabilidades y sanciones a los funcionarios que incumplieran la Ley. Si bien hay avances en la transparencia presupuestaria, se presentan también nuevos retos para la sociedad civil. Esta debe buscar un mayor nivel de articulación, tanto entre sus organizaciones, como con entidades del sector público, para lograr mayor incidencia sobre las decisiones en materia presupuestaria. En aquellas fases del ciclo presupuestario donde no exista suficiente transparencia, se debe aprovechar el nuevo marco legal de acceso a la información para solicitarla y participar activamente en estas etapas.

Para mayor información sobre el Presupuesto Público, podrá seguir el siguiente enlace hacia la página web del proyecto "Análisis Independiente del Presupuesto", ejecutado por CIES:
http://www.consorcio.org/Presupuesto/