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la atención la ausencia de un planteamiento riguroso
sobre el tema de la competitividad en casi la mayoría
de las propuestas de los grupos políticos más
importantes. En todos domina un enfoque microeconómico
y de medidas institucionales, junto a un planteamiento macro
totalmente contradictorio.
El APRA, el Frente de Centro y UN hacen énfasis
en la formalización, la titulización de predios
para fomentar el acceso al crédito y, el apoyo crediticio
para reducir costos de los pequeños y medianos productores.
De otro lado, el APRA propone fomentar el desarrollo agroexportador
de la sierra y lograr la calificación de grado de inversión
del país para estimular las inversiones privadas, mientras
el Frente de Centro propone estimular cadenas productivas,
apoyar la investigación mediante el aumento de la inversión
en ciencia y tecnología y, crear un organismo estatal
único encargado de promover la competitividad de las
empresas con énfasis en las MYPES exportadoras. UN,
por su parte, menciona que uno de los factores primordiales
para el aumento de la competitividad será la reforma
del estado, aunque no se dice cómo.
Por el lado macro, UN propone una intensiva
política de apertura a las mayores economías
del planeta (Estados Unidos y los países de la Comunidad
Europea) con la firma de Tratados de Libre Comercio. La Comunidad
Andina, según UN, no presenta condiciones que favorezcan
la exportación nacional. El Frente de Centro también
plantea profundizar el proceso de integración comercial
mediante los TLC (EE.UU., UE, China, etc.), compensando a
los sectores perjudicados.
El APRA y el Partido Nacionalista Uniendo
el Perú (PNUP), son los únicos que critican
el TLC con EE.UU. Según estos partidos el tratado enajenaría
el mercado interno del país con la entrada de productos
agropecuarios subsidiados, perjudicando los agricultores nacionales.
Si los tratados de libre comercio reducen
el mercado doméstico, no se entiende cómo se
compensará este efecto negativo de tal manera que aumente
la productividad del trabajo y la competitividad del país,
elevando, al mismo tiempo, la calidad de vida de la población
en términos de empleo e ingresos. Esta estrategia se
basa precisamente en la reducción de los costos salariales
y no salariales del trabajo. Suscribir un TLC y subsidiar
a los perjudicados es una solución de corto plazo y,
ciertamente, no enfrenta el principal problema que es la falta
de competitividad de los productos nacionales respecto a los
de EE.UU.
El PNUP, propone buscar acuerdos que no afecten a los mercados
internos por lo cual se rechaza la terciarización del
trabajo y su «precarización» salarial,
como mecanismo de aumento de la productividad y de la competitividad.
El PNUP propone una agenda de crecimiento integrador, creando
mercados internos, aumentando el empleo e incorporando al
mercado a la población pobre y provinciana del país.
Para este partido, la ejecución de un plan de inversión
en infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos, etc.),
a lo largo y ancho del país, permitirá crear
y expandir los mercados internos y, por lo tanto, elevar la
productividad. Los aumentos en la productividad reducen los
costos unitarios de producción y, en consecuencia,
incrementan la capacidad de penetración de los productos
nacionales en los mercados externos. El PNUP considera la
productividad y el cambio técnico como fenómenos
macroeconómicos.
Como complemento a esta estrategia, el PNUP
propone medidas similares a las planteadas por otros partidos:
la titulización de predios, instrumentos crediticios
bancarios y del mercado de capitales para las pequeñas
y medianas empresas de la industria, agroindustria y agricultura.
Propone, asimismo, desarrollar programas de asistencia técnica,
de capacitación de la mano de obra, junto al desarrollo
de cadenas productivas, inversión en ciencia y tecnología,
el fortalecimiento y descentralización del Sistema
Nacional de Inversión Pública y la reorganización
de Proinversión para propiciar la participación
de los gobiernos regionales y de los inversionistas privados
nacionales.
Finalmente, el PNUP propone una reforma integral de los marcos
legales que regulan el funcionamiento del mercado, con: a)
una nueva Ley de Defensa de la Competencia que potencie la
acción del Estado en la sanción de conductas
anticompetitivas, incorpore el control de concentraciones
empresariales y ratifique la sanción de precios abusivos;
b) un nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal
que sancione eficazmente las conductas de deslealtad empresarial
y la publicidad engañosa; y, c) una nueva ley de creación
de un Sistema Nacional de Normalización, Acreditación
y Metrología que facilite la exportación de
nuestros productos con calidad internacional y restrinja la
entrada a de productos dañinos para la salud y seguridad
de los consumidores.

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