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acercarse el fin de un periodo de gobierno, existe la tentación
de iniciar reformas para mejorar la imagen de los funcionarios
salientes y favorecer su elección o reelección
dentro del Estado. Estas iniciativas, por lo general, arruinan
la prudencia en el gasto, no se completan y son abandonadas
en el periodo siguiente, quedando en la denominada “arqueología
del desarrollo”.
Por ello, para realizar una buena gestión
en los meses que falta, se debe fortalecer las acciones iniciadas
que, con sus más y sus menos, han resultado positivas.
La descentralización, por ejemplo, se encuentra en
una fase que requiere de gran apoyo. Se trata de llevar adelante
el referéndum que dé inicio a la integración
de las regiones, según los expedientes aprobados por
el Consejo Nacional de Descentralización (CND) en el
mes de abril. Esto supone en primer lugar asignar los fondos
necesarios para que el Jurado Nacional de Elecciones y la
ONPE puedan realizar este proceso con la transparencia necesaria.
Por otro lado el CND deberá desarrollar
una campaña de incidencia para demostrar los beneficios
de los procesos de integración y así promover
un voto informado y consciente. Se debe mostrar que junto
a la integración se reformarán los gobiernos
regionales como entes del desarrollo, en lugar de resultar
en un CTAR mejorado, como se percibe actualmente. Asimismo,
el Congreso, en coordinación con el Ejecutivo, debe
realizar modificaciones legislativas que faciliten las transferencias
de competencias y funciones a los nuevos gobiernos regionales
y locales. Por ejemplo, en lo referente a los sistemas de
elección de los presidentes regionales, es necesario
establecer las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo
regional.
Una vez realizado el referéndum y aprobada
la conformación de regiones, es necesario promover
el debate con las organizaciones de la sociedad civil de las
regiones sobre dos puntos importantes: las características
del nuevo gobierno regional y el sistema de inversiones regional.
Las observaciones y recomendaciones producto de este debate
deberían servir de insumo al Legislativo para elaborar
las respectivas leyes regionales.
Un segundo tema es el Tratado de Libre Comercio
de Estados Unidos, respecto al cual no existen consensos definitivos,
en especial en los aspectos vinculados a la agricultura, medicamento
y los intangibles. Reconociendo que los enfrentamientos entre
los diversos actores involucrados se han agudizado, resulta
prudente que el gobierno mantenga un nivel de coordinaciones
pero que deje el tema de la firma para el próximo gobierno.
Estando ad portas de finalizar su mandato este acuerdo podría
acrecentar los conflictos y enfrentamientos sociales
En tercer lugar se encuentra el tema de los
recursos naturales. El gobierno debería establecer
una clara política respecto al tratamiento de los recursos
energéticos, en especial sobre el gas, y no sólo
de Camisea. Tal política debe promover un verdadero
sentido nacionalista que genere beneficios efectivos al país
a través de los contratos de explotación, por
ejemplo vía concesiones, y que estas inversiones brinden
posibilidades para crear valor agregado.
En conclusión, no se debe caer en la
tentación populista de abandonar la disciplina fiscal
que se ha mantenido en los últimos años y fortalecer
las bases de los procesos participativos que se han iniciado
con relativo éxito. En este sentido es importante dejar
sentadas las bases de un sistema nacional de planeamiento
que permita revitalizar las políticas formuladas por
el Acuerdo Nacional viabilizándolas en los diferentes
sectores de la administración pública a nivel
nacional, regional y local y promoviéndolas en el sector
privado. Definitivamente, están quedando algunos temas
como la reforma de justicia y la política de lucha
contra la corrupción, así como los temas vinculados
con los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
pero no es posible tratarlos por las limitaciones de tiempo
y espacio.
[1] Centro de Estudios para
el Desarrollo Regional - Arequipa.
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