El pasado 6 de mayo el Congreso aprobó la Ley de Creación del Sistema y del Centro de Planeamiento Estratégico del Perú (CEPLAN). Se cerró así un prolongado debate que se inició en los años 2001 y 2002 y que quedó plasmado en la quinta política de Estado del Acuerdo Nacional. En esos momentos, todas las fuerzas políticas, las principales instituciones de la sociedad civil y el Gobierno plantearon la necesidad de reinstalar un sistema de planeamiento estratégico en el país con un enfoque moderno e incorporando los avances técnicos y participativos de las últimas décadas. La comisión de alto nivel, que tuve el honor de presidir, elaboró un anteproyecto de ley que, luego de una amplia y democrática consulta, fue aprobado por el Consejo de Ministros, y el 28 de julio del 2004 presentado al Congreso por el propio presidente de la República.

La ley aprobada mantiene algunas de las orientaciones básicas que propuso la comisión. Los alcances, objetivos, finalidad, funciones y organización de las instancias del sistema de planeamiento muestran: (i) una clara orientación hacia la construcción de una visión de futuro compartido; (ii) el uso de metodologías participativas para recoger las propuestas de regiones, sectores, sociedad civil y sector privado; (iii) el énfasis en el carácter estratégico (y no coyuntural, circunstancial o secundario) de los temas y aspectos por investigar, trabajar y resolver; (iv) la voluntad de convertir el planeamiento del desarrollo local y regional en el eje del planeamiento nacional, lejos del enfoque sectorial y centralista del pasado; (v) el establecimiento de un efectivo sistema de seguimiento y evaluación que acabe con la promesa fácil y la letra muerta; (vi) la utilización de toda la capacidad de investigación y análisis de la academia e intelectualidad nacional e internacional; (vii) el compromiso con el logro de un desarrollo sostenible en el plano económico, social, político y ambiental. Hasta allí los pasos para adelante.

Sin embargo, algunos congresistas no lograron valorar la calidad de las propuestas y del trabajo de la comisión que no solo recogió experiencias internacionales importantes, sino que contrató expertos nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria, realizó seminarios con funcionarios, empresarios, profesionales y dirigentes populares, y llevó a cabo innumerables reuniones con los principales gremios laborales y empresariales del país. En ese trabajo se reunieron ideas y planteamientos que consideraban tanto las necesidades del país como las exigencias que plantea el siglo XXI. En total se dedicaron más de 9.700 horas de trabajo para elaborar el proyecto de ley que, sin mayor conocimiento y sin mayor análisis, fue modificado en dos aspectos sustanciales.

El primer cambio es haber incluido a delegados de los partidos políticos en el Consejo Directivo (órgano de decisión) del Sistema y del Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, introduciendo así un factor de inestabilidad política en un organismo eminentemente técnico. Con esto se confunde la función y el carácter de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El anteproyecto de ley consideraba que la presencia de los partidos en el CEPLAN se daría de manera indirecta, ya que en su consejo directivo participan presidentes regionales y alcaldes elegidos por el pueblo. La necesidad de los partidos políticos de alimentarse de los estudios del CEPLAN y de alcanzar a este sus propuestas estaba contemplada en la creación de un mecanismo ad hoc: una comisión consultiva política con reuniones quincenales o mensuales.

El segundo cambio ha sido introducir una duplicidad entre el Sistema y del Centro de Planeamiento Estratégico del Perú y el Consejo Nacional de Descentralización (CND) en materia de planeamiento estratégico. Recordemos que cuando se cerró el INP, sus funciones se trasladaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego se repartieron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el CND. En la elaboración del anteproyecto, tanto el MEF como la PCM aceptaron transferir sus atribuciones al CEPLAN, pero el CND se resistió hasta el final.

Más adelante, en la versión que el presidente presentó al Congreso se respetó este mismo principio de no duplicidad de funciones. Sin embargo, la ley aprobada no respeta ese principio y se proponen dos cabezas al frente del sistema.

Esperemos que el Congreso recapacite en estos dos pasos para atrás y se ponga de acuerdo con el Ejecutivo para que el país cuente con la función básica de planear y lograr su futuro compartido.

[1] Miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE) y ex presidente de la Comisión organizadora del CEPLAN