“Divorcio entre la política y la economía” ha sido la frase más utilizada para calificar la gestión del régimen actual. Tal afirmación es falsa. La política –en un sentido amplio- ha influido en que la economía no responda con mayor vigor al ciclo económico expansivo iniciado bajo el gobierno de Toledo.

Destaca el quiebre de la recesión a fines del 2001, en un contexto internacional y regional adverso. Sin embargo, luego de un auspicioso comienzo, con una tasa de crecimiento del 4,9% en el 2002, la economía no ha podido remontar tal tasa. Se desaceleró durante el 2003 y en un contexto internacional inmejorable hasta agosto de 2004, tampoco se esperan mejores tasas de crecimiento.

Lamentablemente se ha perdido el sustento político más rápido de lo esperado por las siguientes razones: los errores del gobierno (escándalos morales y actos de corrupción) una imagen de inoperancia del Congreso y del principal líder de la oposición, propuestas populistas y discursos adversos a la inversión privada. Más aún, tal debilitamiento está enmarcado en un proceso de desconfianza de la población con casi todas las instituciones del país. La baja respuesta de la inversión privada es explicada en buena parte por la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica. La misma incertidumbre que existe sobre el rumbo de la política en general.

En este marco se viene desarrollando la economía nacional la cual ha pasado por etapas diferenciadas de crecimiento en el presente gobierno. La primera es una expansión económica desde el tercer trimestre del 2001 hasta el primer trimestre del 2003. Los factores que influyeron en ella fueron el hecho que el PBI real estuviera por debajo del PBI potencial. Esto permitió tasas de crecimiento relativamente elevadas a pesar que la inversión no haya aumentado. Igualmente ayudaron al crecimiento las políticas macroeconómicas expansivas, el ingreso de capitales en la economía y el inicio de operaciones de los proyectos mineros. La segunda etapa es una desaceleración económica desde el segundo trimestre del 2003 hasta comienzos del 2004. Esta se encuentra vinculada a una menor entrada de capitales y a una política fiscal más rígida. Finalmente, se estaría viviendo una tercera etapa de leve aceleración hasta el primer trimestre del 2005, a pesar del repunte inflacionario y el choque petrolero.

Desde fines del 2001 hasta lo que va del 2004 la política monetaria se ha adaptado para moderar las fluctuaciones de la economía y alcanzar la meta de inflación (entre 1,5% y 3,5%). En cuanto a política fiscal, ésta ha sido expansiva desde el tercer trimestre del 2002 y luego contractiva para reducir el déficit fiscal. Ello refleja que las necesidades de financiamiento siguen siendo importantes para el sector público. A pesar de la trayectoria decreciente del déficit fiscal, durante el 2005 los vencimientos de la deuda pública hacen peligrar la viabilidad fiscal del país.

Las exportaciones internacionales han crecido de forma constante aunque su impacto ha sido limitado ya que su peso en el PBI es todavía pequeño. En el mismo sentido el comportamiento de las importaciones ha reflejado el mayor poder de compra. El resultado comercial, junto al aumento de las transferencias del exterior ha ocasionado que en los últimos años la cuenta corriente se acerque al equilibrio. En cuanto al tipo de cambio real éste se mantuvo aproximadamente constante frente a Estados Unidos y aumentó respecto al resto del mundo. La acumulación de reservas internacionales por parte del BCRP es un reflejo de las fortalezas de la economía y del rol atenuador del ciclo económico que ha jugado el instituto emisor.

En resumen, la economía peruana ha mantenido un buen comportamiento macroeconómico durante el gobierno de Toledo. Se ha roto el ciclo recesivo, la economía se acerca a un equilibrio externo, mientras que la estabilidad de precios se mantiene. Sin embargo, destacan tres problemas macroeconómicos: la persistencia de una elevada dolarización, posibles problemas de liquidez fiscal en 2005 y bajas tasas de inversión. Sin hablar de la falta de políticas sectoriales eficientes que dinamicen la actividad económica y políticas sociales de mayor complejidad (educación y salud).

El sector privado ha reaccionado tibiamente a la mejora de la situación macroeconómica. Por lo tanto, aunque se han logrado mantener tasas de crecimiento de alrededor de 4,3% este no ha sido suficiente para equilibrar el mercado laboral, lo cual mantiene las tasas de pobreza casi inmutables y aumenta el descontento popular.