Los
adolescentes peruanos actuales han recibido la peor educación
posible, no sólo por el deterioro y la precariedad
del sistema escolar (público y privado), sino porque
ellos han crecido –entre 1986 y 2004- en un país
gravemente afectado por la crisis económica, la inequidad,
el conflicto armado interno, la intolerancia política,
la corrupción y el envilecimiento de los principales
medios masivos de difusión escrita y audiovisual. Aunque
a menudo lo olvidemos, el contexto político y social
es el marco y el contenido principal de la educación
de los niños y jóvenes.
Los resultados de esa educación escolar
y social se expresan de muchas maneras. Las recientes evaluaciones
nacionales e internacionales de aprendizajes han mostrado
que nuestros jóvenes no son capaces de usar provechosamente
herramientas culturales tan esenciales como la lectura, la
escritura y la matemática. En la prueba internacional
PISA aplicada en 2001, 54,1% de los adolescentes peruanos
se ubicaron en el nivel 0 (cero), es decir por debajo del
nivel mínimo de rendimiento previsto en la escala;
al mismo tiempo, solo 6% respondieron en un nivel aceptable
o superior. Con estos resultados, los estudiantes peruanos
de 15 años se ubicaron muy por debajo de sus pares
de los otros países latinoamericanos participantes
en PISA. En ésta y otras pruebas, el desempeño
de los estudiantes pertenecientes a las familias más
pobres y vulnerables es mucho peor que el promedio y sólo
puede ser calificado como alarmante.
Pero quizá son aún más
graves otras manifestaciones de la crisis de la educación
peruana: el desarraigo de cientos de miles de adolescentes
que hubieran preferido nacer en otro país y sueñan
con emigrar; la desesperanza de la mitad más pobre
de los jóvenes y la alienación de aquellos privilegiados
que han crecido en guetos autosuficientes y protegidos, pero
de espaldas a su propio país, desconectados de la diversidad
y la complejidad de la vida de sus compatriotas.
Por todo lo dicho, nada es más urgente
en la llamada “Emergencia Educativa” que recuperar
a nuestros adolescentes, antes que sea demasiado tarde. Se
puede –y se debe- actuar de inmediato para permitirles
el acceso a la satisfacción de necesidades básicas
de aprendizaje; para devolverles la esperanza y la identidad
de peruanos; para incorporarlos a la vida adulta mejor preparados
para la convivencia social; para acogerlos como ciudadanos
y productores en condiciones de ejercer sus derechos y obligaciones.
Los profesores que enseñarán
este año 2004 en las aulas de cuarto y quinto año
de secundaria de los colegios de todo el Perú –públicos
y privados- tienen por delante el gran desafío de hacer
una diferencia en esta última etapa del largo recorrido
escolar de sus estudiantes. Pueden lograrlo si concentran
su atención docente en los aprendizajes escolares y
sociales fundamentales de los adolescentes. Pero en esta grave
tarea ellos necesitan contar con el apoyo de los directores,
la orientación de los especialistas del sector Educación
y de expertos de otras instituciones públicas y privadas
de todo el país, la ayuda de los medios de comunicación,
además del respaldo de los gremios profesionales y
empresariales y las autoridades locales y regionales.
El Ministerio de Educación tiene la
obligación de actuar de inmediato para generar conciencia
pública de la gravedad de esta situación y convocar
a las instituciones comprometidas con la educación
y con el futuro del país, para emprender toda clase
de iniciativas –dentro y fuera del sistema escolar,
público y privado- orientadas a la recuperación,
la reparación, el encuentro, el desarrollo y la integración
de la actual generación de adolescentes peruanos. Un
aspecto político central en este esfuerzo es la ampliación
y estricta regulación de una oferta de estudios post-secundarios
que atraiga, motive y prepare eficazmente a los jóvenes
en su camino de inserción a la vida productiva y ciudadana.
En la actual situación de emergencia
de la educación, tanto los profesores organizados como
el Ministerio de Educación están moralmente
obligados a encontrar el camino para asegurar el uso efectivo
y apropiado de todas las horas del año escolar, evitando
interrupciones que perjudicarían a los adolescentes,
niños y niñas, dañando aún más
la condición educativa de los estudiantes más
pobres y vulnerables.
Salvemos a nuestros adolescentes de la marginalidad
y al Perú de un nuevo ciclo de miseria y de violencia
social.
[1] Decano
de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

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