No cabe duda que uno de los ejes principales de la “Reforma” (o paquete) Tributaria es el polémico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Su potencial para incrementar la recaudación (se manejan cifras entre los 1,000 y 2,000 millones de S/.) y la información que proveería a la SUNAT para detectar casos de elusión o evasión impositiva, le han procurado un singular atractivo entre los miembros del Ejecutivo. Sin embargo, no es un buen impuesto. Es costoso para la economía y podría generar una ficticia sensación de holgura fiscal que redundaría en la postergación de decisiones de largo alcance acerca del control de los gastos (léase, Reforma del Estado).

Este tipo de impuestos no es nuevo en América Latina. Data desde inicios de la década de los ochenta cuando Argentina lo implementa por primera vez en 1983 y posteriormente en 1988 y 2001. Luego, han sido utilizados por Brasil (1994), Venezuela (1994 y 1998), Colombia (1998) y Ecuador (1999). En el caso peruano, ya fue utilizado en 1989 bajo la variante del impuesto a los débitos bancarios y financieros. El reestreno de este año (que durará hasta 2006), tendrá características algo distintas. Primero, se cobrará una tasa de 0.15% para cada operación de crédito o débito a diferencia del 1% que en promedio se cobró entre 1989 y 1992 a las operaciones de débito. Segundo, se han ampliado las exoneraciones. Actualmente son 23 y representan alrededor del 70% de la base impositiva.

El principal costo: caída de la intermediación financiera

El ITF es un impuesto selectivo al uso del cuasidinero, cuya principal consecuencia macroeconómica es la reducción de la intermediación o profundización financiera. Ello sucede porque al aumentar los costos de transacción, se contrae la demanda por servicios bancarios reflejándose esto en un aumento en la preferencia del público por circulante. Por ejemplo, en Colombia en la primera semana de vigencia del impuesto el volumen de transacciones cambiarias vía el sistema bancario cayó de US$ 170 millones a US$ 30 millones y entre 1998 y 2000 (antes y después de la introducción del impuesto), la liquidez total medida como porcentaje del PBI cayó de 40% hasta 36%. Mientras tanto, en Venezuela entre enero y diciembre de 1994 las tenencias de circulante por parte del público aumentaron 20% en términos reales, mientras que el cuasidinero cayó en 8%.

Las consecuencias de la desintermediación financiera sobre la salud económica del país son importantes y variadas. Sin embargo, existen tres que resultan importantes mencionar. Primero, condiciona los mecanismos de transmisión monetaria y en dicha medida restringe la capacidad del Banco Central de llevar adelante su política monetaria. Segundo, encarece el crédito ya que caen los fondos disponibles para préstamos. Si bien, la holgada posición de liquidez de los bancos mitigaría este efecto en el corto plazo, hay que estar atento a la velocidad con que la caída de depósitos pueda producirse. Tercero, reduce la eficiencia en el proceso de asignación de recursos corriente (entre agentes que ofertan y demandan recursos) e intertemporal (entre mismo agente dada su preferencia por adelantar o posponer sus decisiones de consumo e inversión).

¿Tendrá efectos reales sobre la economía?

Todo impuesto al alterar la asignación de recursos al interior de una economía y reducir el ingreso familiar disponible tiene un impacto negativo sobre el nivel de actividad. Dada la tasa, el efecto individual podría ser pequeño. Sin embargo, ciertas actividades podrían verse seriamente perjudicadas. Por ejemplo, aquellas empresas que trabajan con márgenes relativamente pequeños, tienen elevados requerimientos de liquidez y cuyos productos son muy sensibles al precio. Es decir, empresas terciarias o comercializadoras que generan un valor agregado relativamente pequeño.

Entonces, ¿por qué el gobierno lo aplica?

En el Perú existen riesgos fiscales de importancia. Si bien el déficit fiscal muestra una tendencia decreciente, las necesidades de financiamiento son cada vez mayores, con un posible pico en 2005. Este contexto y la baja capacidad política del gobierno por controlar sus gastos ha determinado que el Ejecutivo se convenza de la urgencia por contar con una suma importante de dinero en el corto plazo. En tal sentido, el ITF fue concebido como la solución. A pesar de los incentivos que genera para la evasión e informalización, este es un impuesto de fácil recaudación que ha demostrado que en poco tiempo puede generar incrementos de importancia en la presión tributaria. Lamentablemente, como señal es inadecuada ya que denota una escasa disposición del gobierno para manejar sus niveles de gasto y aplicar políticas de ingreso adecuadas.

Una reflexión final a manera de recomendación

El riesgo económico implícito es que el Ejecutivo pase de la sensación de escasez a la ilusión de la abundancia, perjudicando el equilibrio fiscal del gobierno y posiblemente volviéndose adicto a la renovación del ITF. Por ello, tomando en cuenta los serios costos económicos expuestos y también la urgencia fiscal del gobierno resultará importante que los recursos que genere no sean utilizados para financiar gastos corrientes. En vez de ello, los recursos (aunque sea parcialmente) deben ser ahorrados permitiendo una reducción de las necesidades de financiamiento del gobierno. Luego, delinear una Reforma de Estado en su sentido más amplio y con la información que se obtenga tentar por una “Reforma Tributaria” en serio que permita incrementar la presión tributaria de manera permanente. Finalmente, deberá trazarse desde ya un cronograma de reajustes descendentes de la tasa que converja a “cero” en 2006.